Una vez elegida la nueva propiedad, el abogado redacta el contrato de arras, que permite bloquear la venta mediante una fianza durante un periodo determinado. Este tiempo se utiliza para realizar las comprobaciones legales básicas sobre la vivienda y, si es necesario, gestionar la obtención de un préstamo inmobiliario.
A continuación, el abogado verifica todos los aspectos legales y administrativos del inmueble —hipotecas, cargas fiscales o urbanísticas, usos actuales y posibles cambios futuros— con el objetivo de ofrecer al comprador total transparencia y seguridad. También tramita, según corresponda, el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o el Número de Identificación Fiscal (NIF), documentos esenciales para la compra de una propiedad en España.
Por último, el abogado prepara toda la documentación necesaria para la escritura de compraventa, revisándola y negociándola en defensa de los intereses del comprador. Actúa como intermediario entre vendedor, notario, administración, banco y traductores jurados, garantizando un proceso seguro, claro y plenamente supervisado.
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